Noticias de Jona

gracias a @larryportera

Por: Gustavo Gorriti (Caretas 26.Nov.09)

Mientras los mejores talentos detectivescos de la Policía Nacional del Perú se encontraban ardorosamente empeñados en la cacería incierta de pishtacos, una masacre burocrática se perpetraba en silencio dentro del impropiamente llamado ministerio de Justicia.

El objetivo en este caso no era cosechar la grasa (que para eso había mejores sitios dónde buscarla en el Ejecutivo) sino el débil músculo restante de la lucha anticorrupción.

En la tarde del jueves 5 de noviembre, el procurador Pedro Gamarra Johnson reunió a 10 de los principales abogados de la procuraduría, y les dijo que su trabajo había terminado en ese momento, que se había decidido finalizar sus contratos.

Ante la muda interrogación de su conmocionado auditorio, Gamarra Johnson les dijo, con suavidad de aceite de bebé, que el motivo era “presupuestal”. Frente a la unánime incredulidad de los flamantes despedidos, Gamarra reconoció que la orden venía “de arriba”.

Todo indica que el “de arriba” todavía tenía otras órdenes que dar. Porque el 19 de noviembre, mediante una resolución suprema (la RS 265-2009-JUS) se dio por concluida la designación, es decir, se despidió al procurador adjunto ad-hoc Ricardo Melgar. Similar suerte corrió el otro procurador adjunto Alexei Sáenz.

Así, mientras los medios, fatigados ya con las aristas del caso Ariza, hacían de megaparlantes del safari pishtaco, se consumaba la evisceración final, y el consecuente asesinato, de la procuraduría ad hoc que investigó los casos de corrupción de Fujimori, Montesinos y sus cómplices.

A comienzos del siglo pasado, se decía de aquellos que habían muerto prematuramente, que su vida había sido malograda. En ese sentido, el epitafio de esta Procuraduría debería decir que fue profundamente malograda. Pero si antes se trataba de una intervención del destino, en el caso del guillotinamiento de la Procuraduría se trató de una conspiración desde el poder.

Porque el trabajo de la Procuraduría no solo no había concluido sino ingresaba en un tramo de importancia decisiva.

En efecto, el pequeño pero experimentado grupo de abogados seguía 181 investigaciones preliminares; 188 procesos penales en trámite judicial, y 73 casos en ejecución de sentencia.

Como se recuerda, o debiera recordarse, la Procuraduría dirigió las gestiones que llevaron a recuperar y repatriar cerca de 184 millones de dólares robados al Perú por la mafia de Fujimori y Montesinos. Quedaba mucho más por identificar, reclamar y recobrar.

En total, la Procuraduría llevó cerca de 500 casos relacionados con el régimen cleptócrata de la década pasada. Casi la mitad de dichos casos no ha concluido, y muchos precisan de mayor investigación que, en caso de ser bien llevada, permitirían descubrir más delincuentes, otros cómplices y, sobre todo, otras cuentas con dinero robado al Perú.

No solo eso. Se ejecutó a la Procuraduría cuando empezaba la parte final del juicio a Fujimori en la Corte Suprema. Y cuando quedaba pendiente, por parte del Ejecutivo, de ampliar los casos extraditables de Fujimori, entre los cuales nada menos que el del golpe del 5 de abril de 1992. El Ejecutivo se ha puesto a empollar los casos, aparentemente hasta que se pasmen.

Los pretextos presupuestarios que esgrimió Gamarra no son solo endebles sino sobre todo ridículos. En primer lugar, el presupuesto estaba cubierto, además que si algo hace una Procuraduría eficiente es ser generadora de recursos.

Entre los abogados más destacados que sufrieron la purga de noviembre, están Cecilia Tarazona, con cinco años de experiencia, que llevó casos como los de Lucchetti, Baca Campodónico y la falsificación de firmas. También fue despedida Gisela Salas, que se especializó en llevar e investigar los casos más complejos.

“Había investigaciones en camino, pero no interesaba avanzar en nada en la lucha contra la corrupción”, dice uno de los funcionarios purgados, “hay muchas investigaciones pendientes… incluso las de gente que no fue investigada hasta ahora”.

Algunos de ustedes se preguntarán cómo es que en ocho años no se ha concluido con todas las investigaciones y juicios pendientes. La respuesta es que no solo se ha tratado de casos de extraordinaria complejidad, sino de una inmensa falta de voluntad y decisión política para resolverlos. En los hechos, sobre todo a partir del 2006, los procuradores tuvieron que actuar en medio de una total falta de recursos y de apoyo, abordando a pulso casos sumamente dificultosos, en los que enfrentaban a los superlativamente pagados y equipados defensores del más grande grupo de cutreros en la historia de estas tierras.

Pese a eso, varios de estos abogados se convirtieron en expertos en sus casos, y lo que les faltaba en medios lo suplieron con inteligencia y conocimiento. Eran un peligro para la mafia y el gobierno se encargó que dejaran de serlo.

A estas alturas, no cometo ninguna exageración, ante la evidencia abrumadora, si afirmo que el estratega de campaña de Keiko (digo Alberto) Fujimori se apellida García Pérez.

Siempre se supo que Aurelio Pastor no había sido nombrado ministro de Justicia por su talento jurídico, sino como operador familiarizado con el fujimorismo en la asesoría a Rolando Reátegui el año dos mil, que hasta los amnésicos recuerdan. Está cumpliendo su papel.

Caso más triste es el de Gamarra Johnson, antaño defensor de los derechos humanos, y hogaño defensor de la estabilidad laboral, en tanto sea la propia.

Salvas geishas.- Ver al fujimorista Rafael Rey como ministro de Defensa provoca temor de que tiemble la tierra y carcajee el espectro de Torquemada. Es difícil pensar en alguien más espectacularmente descalificado para el puesto. Porque si de campañas se tratara, Rey podría ser mariscal de campo en la guerra contra la píldora del día siguiente y generalísimo en la ofensiva contra los condones. Pero eso, que yo sepa, no es la misión principal de nuestro ministerio de Defensa.

Ahora, el notorio colaborador del fujimorato ha resucitado algunos de los trucos retóricos de Montesinos y Hermoza Ríos, acusando a quienes sostienen (como es el caso de IDL, donde trabajo) que el proceso del espía Ariza debe verse en el fuero civil, que eso es “un tremendo e inaceptable insulto” por sugerir “tácitamente” que el fuero militar pudiera acentuar la protección institucional en desmedro del celo investigativo.

Uno diría que el argumento es tan ridículo que no merece respuesta, pero de idioteces, y no de buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno. En primer lugar, casi toda democracia sólida tiene como principal autoridad de contraespionaje a una institución civil. Quizá hasta Rey haya escuchado hablar del FBI, por ejemplo.

Tengo la impresión que Rey aprendió el argumento del “insulto inaceptable” durante los años que sirvió al fujimorato. Entonces, tanto Hermoza como Montesinos reaccionaban ante cualquier investigación gruñendo que se trataba de un ataque a la Fuerza Armada. Eso, mientras robaban todo lo que pudieron (y pudieron mucho) a la propia institución utilizando a la Defensa Nacional como pretexto de cutras y traiciones.

Dado que aprendió de ellos, ¿qué va a hacer ahora Rey? ¿Va a promover un desfile de tanques por la calle, como Hermoza; va a sugerir que los oficiales firmen una carta de sujeción, como Montesinos?